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Sucesos

Un jabalí, veinte perdices y una paloma abatidos en una cacería furtiva en La Tala

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La Guardia Civil ha investigado a un varón por un presunto delito contra la flora y la fauna tras ser sorprendido cazando furtivamente en el término municipal de La Tala, en la provincia de Salamanca. En la intervención, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Béjar, se intervinieron un arma de fuego municionada y varias piezas de caza recientemente abatidas.

La actuación se enmarca en los servicios permanentes de vigilancia y control que la Comandancia de Salamanca mantiene en cotos y reservas cinegéticas para prevenir la caza furtiva y otras prácticas irregulares. Fue durante uno de estos controles cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por un camino vecinal ya de noche.

En el remolque del coche localizaron un jabalí y una bolsa de plástico con veinte perdices y una paloma, todos ellos animales abatidos sin autorización. El registro posterior del interior del vehículo permitió encontrar una escopeta municionada dentro de una funda sin cerrar, así como varios cartuchos de postas, una munición cuyo uso está expresamente prohibido para la actividad cinegética por su elevado poder lesivo.

Las comprobaciones realizadas por el Seprona confirmaron que las piezas habían sido cazadas en un coto de la localidad, pese a que el investigado carecía de permiso para ejercer la actividad cinegética en ese terreno. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la incautación del arma y a la intervención de los animales abatidos, además de abrir diligencias por un supuesto delito contra la flora y la fauna y formular varias denuncias administrativas en materia de caza.

La frontera difusa entre la caza legal y la furtiva

El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda. Cuando un cazador actúa al margen de la ley no deja de ser cazador. La distinción entre caza legal e ilegal no borra el impacto final sobre los animales, que pierden la vida del mismo modo, ni diluye la responsabilidad de quienes, con licencia, armas y conocimiento del terreno, deciden situarse fuera de la normativa. La cuestión de fondo no es únicamente cómo perseguir la caza furtiva, sino por qué una parte del propio colectivo cinegético opta por cruzar esa línea y qué revela ese comportamiento sobre el modelo de caza que sigue vigente.

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