Cantabria caza a nueve lobos y planea abatir otros 21 pese a la negativa de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente
El Gobierno de Cantabria ha confirmado la muerte de nueve lobos dentro del polémico Plan de Gestión de la especie, una medida que, según ha anunciado la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, forma parte de un cupo total de 41 ejemplares autorizados para ser abatidos en la temporada 2025/2026. Este plan sigue adelante a pesar del rechazo frontal por parte de colectivos ecologistas, científicos y activistas animalistas, que alertan de un grave retroceso en materia de protección de la fauna salvaje.
Los animales abatidos —siete machos y dos hembras— pertenecían a diferentes manadas en las zonas de Campoo, Nansa, Aguayo-Yuso y Cabuérniga, áreas donde el conflicto entre ganadería extensiva y fauna salvaje se intensifica desde hace años. Según la Consejería, ya están en marcha las operaciones para ejecutar otras 21 extracciones, pendientes de ser realizadas en las próximas semanas.
La consejera del área, María Jesús Susinos, ha justificado la medida como parte del procedimiento técnico establecido y ha enviado la información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Ha insistido en que la comunicación “no responde a cartas amenazantes” del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con quien mantiene una evidente tensión institucional. Esta tensión ha aumentado tras la reciente decisión del Congreso de excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que ha sido interpretado por el Ejecutivo cántabro como una luz verde para reactivar el control poblacional.
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Desde el MITECO, sin embargo, se ha advertido que la nueva ley no implica el regreso automático del lobo a la categoría de especie cinegética. En una carta enviada el 30 de abril, Morán pide explicaciones a los gobiernos de Cantabria, Galicia y Asturias sobre el número de ejemplares abatidos y recuerda que “no cabe asumir cambios en la gestión sin garantías legales y ecológicas”.
El argumento de los ataques
Para defender el plan, el Gobierno de Cantabria se ampara en las cifras de ataques a la cabaña ganadera. En 2024, se notificaron oficialmente 2.681 incidentes atribuidos al lobo, que se habrían saldado con 3.233 animales muertos y 207 heridos. En base a estos datos, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la asociación conservacionista ASCEL, que pedía la suspensión inmediata del plan. El auto considera “proporcionada” la actuación de la Administración y da por válidos los informes técnicos que la respaldan.
No obstante, desde el ámbito animalista y ecologista se cuestiona la veracidad, imparcialidad y metodología de estos informes, que según denuncian presentan sesgos sistemáticos y carecen de auditorías externas. Científicos y técnicos independientes han alertado en varias ocasiones sobre la falta de datos rigurosos y el uso interesadamente inflado de ataques atribuidos al lobo, muchas veces sin pruebas concluyentes.
Un plan que permite eliminar hasta el 20% de la población
La resolución del plan contempla un reparto de los 41 lobos a eliminar por zonas geográficas, priorizando aquellas con mayor presencia ganadera. Así, la comarca de Campoo y Los Valles encabeza la lista con un cupo de 10 ejemplares. Le siguen las zonas de Pas-Pisueña, Besaya, Nansa y Saja, con cinco lobos por zona. En Asón-Miera se autoriza la eliminación de dos, mientras que la Zona 2 del Plan contempla tres y la Zona 3 otros dos.
Este plan se basa en la estimación poblacional total del lobo en Cantabria y permite la eliminación de hasta el 20% de los ejemplares existentes, amparándose en una potestad autonómica recuperada tras la exclusión del LESPRE. Para los defensores del lobo, esto supone una legalización de la persecución sistemática de una especie clave para los ecosistemas.
La respuesta animalista y ecologista
La reacción de las organizaciones defensoras del lobo no se ha hecho esperar. Asociaciones, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas animalistas de toda España han convocado concentraciones en distintos puntos del país para alzar la voz contra los abatimientos. Exigen el cese inmediato de las matanzas de lobos y la puesta en marcha urgente de políticas de prevención y convivencia. Denuncian que la eliminación de esta especie responde a intereses ganaderos y cinegéticos, alejados de cualquier criterio científico de conservación o equilibrio ecológico.
“El lobo es un regulador natural de los ecosistemas, y su papel como depredador tope es imprescindible”, ha declarado en un comunicado la plataforma Lobo Vivo. “Lo que se está haciendo en Cantabria es una regresión al pasado, un retroceso brutal en protección ambiental. Estamos dejando que presiones económicas deshagan décadas de avances en conservación”.
¿Gestión o persecución?
Desde el activismo animalista, lo que el Gobierno llama «gestión» no es sino un eufemismo para justificar una persecución letal e indiscriminada. La política de cupos, sostienen, convierte al lobo en un chivo expiatorio de problemas estructurales del modelo ganadero extensivo, que apenas ha evolucionado en medidas de protección no letales, como mastines, cercados eléctricos o indemnizaciones rápidas y justas.
Regiones como Castilla y León, Galicia o Asturias atraviesan tensiones similares. La exclusión del LESPRE ha reabierto un escenario peligroso, donde el lobo vuelve a ser considerado un “problema” a eliminar, en lugar de una especie protegida con valor ecológico.
