El Gobierno de Aragón pagará 30 euros por cada jabalí muerto para frenar la peste porcina africana

El Gobierno de Aragón ha activado este miércoles una de las medidas más controvertidas de los últimos años en materia de gestión de fauna salvaje: el pago directo de 30 euros por cada jabalí abatido. La decisión, aprobada en un Consejo de Gobierno extraordinario convocado el 3 de diciembre, llega como respuesta urgente al foco de peste porcina africana (PPA) detectado recientemente en Cataluña y que mantiene en alerta a toda la industria porcina española.

Tras la reunión, el consejero de Agricultura y Ganadería, Javier Rincón, explicó que la administración habilitará una subvención inmediata para los titulares de los cotos cinegéticos, con dos líneas de incentivos: 30 euros por jabalí abatido a partir de mañana y 25 euros por cada ejemplar trasladado desde los centros de recogida de carne de caza autorizados. Una apuesta clara por incrementar la presión cinegética sobre la especie, presentada bajo el argumento de la emergencia sanitaria. “Estas medidas combinadas nos permiten actuar de forma rápida y efectiva para proteger de la enfermedad”, afirmó el consejero.

Rincón insistió en que, a día de hoy, Aragón no ha registrado ningún caso de PPA, ni en fauna silvestre ni en explotaciones ganaderas. “Desde el mismo momento en que conocimos el foco de PPA en Cataluña, el pasado viernes 28 de noviembre, el Gobierno de Aragón ha actuado con rapidez, contundencia y coordinación total”, aseguró. El mensaje es contundente: la prioridad absoluta es impedir que la enfermedad cruce la frontera autonómica.

El decreto-ley aprobado establece un paquete de medidas urgentes centradas en cuatro ejes. En primer lugar, se refuerza la vigilancia sanitaria y la bioseguridad en las explotaciones, lo que implica supervisiones más estrictas y mayor control del movimiento de personas y materiales. En segundo lugar, se regulan nuevas acciones excepcionales en materia de caza para reducir la población de jabalí, considerada por el Gobierno autonómico como uno de los principales vectores de riesgo. En tercer lugar, se introducen incentivos económicos destinados a favorecer la “gestión cinegética intensiva” de la especie. Por último, se refuerzan las campañas informativas dirigidas a la población y a los visitantes, apelando a la responsabilidad individual en la desinfección de vehículos, calzado y utensilios, especialmente en zonas rurales.

Entre las medidas más polémicas se incluye la autorización excepcional del uso de visores térmicos y la promoción de capturas en vivo mediante cercados tipo NASA. “Incrementamos la presión cinegética sobre el jabalí en el territorio”, confirmó el consejero, defendiendo que se trata de una respuesta “rápida y efectiva”. El Gobierno autonómico también expresó su agradecimiento a la Federación Aragonesa de Caza, cuya colaboración ha sido clave para diseñar la operativa del plan y definir los incentivos destinados a los cazadores.

El despliegue no se limita a la caza. El Departamento de Agricultura ha reforzado su capacidad técnica mediante la contratación de veterinarios a través de SARGA, que se suman a los cuatro profesionales ya asignados al control de las 4.217 explotaciones porcinas aragonesas. Además, se han invertido alrededor de 100.000 euros en material especializado, incluyendo contenedores para cadáveres, bolsas de seguridad, monos y guantes, destinados a garantizar la bioseguridad durante cualquier intervención en campo.

Las campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía ya están en marcha. Se pone el foco en la desinfección de vehículos y material, así como en las actuaciones ante el hallazgo de animales muertos en el entorno natural. “La prevención también pasa por informar y sensibilizar a toda la ciudadanía. Cada gesto cuenta para proteger nuestro territorio”, recordó Rincón.

La dimensión del problema ha obligado a activar la vía estatal. Los consejeros Javier Rincón y Manuel Blasco han solicitado oficialmente una Conferencia Sectorial urgente al ministro Luis Planas y a la ministra Sara Aagesen, reclamando una estrategia nacional coordinada. “Es fundamental que la coordinación no sea solo una declaración de intenciones, sino un plan real que permita a todas las comunidades autónomas trabajar juntas y con eficacia”, señaló el responsable aragonés.

Aragón participará esta tarde en el Consejo Consultivo de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, reunión prevista antes de conocerse el foco catalán. Aun así, el consejero remarcó la necesidad de un encuentro monográfico inmediato para abordar la amenaza de la PPA de forma específica. “Es una prioridad máxima para nuestra Comunidad y para el sector porcino nacional”, concluyó.

La respuesta del Gobierno de Aragón marca un antes y un después en la gestión de la PPA en España. Sin embargo, abre también un debate urgente: hasta qué punto se puede justificar el fomento de la caza intensiva y la incentivación económica por animal abatido en nombre de la bioseguridad y la protección del sector ganadero. Una pregunta que, por ahora, permanece sin respuesta.