ARAG-ASAJA arremete contra ASCEL y defiende el control del lobo en La Rioja
El lobby agroganadero, representado por ARAG-ASAJA, defiende la matanza de lobos para proteger su modelo productivo, priorizando intereses económicos sobre los derechos y la vida de los animales silvestres.
La polémica por el estatus de protección del lobo ibérico en La Rioja vuelve a encenderse. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), con el respaldo de Amigos de la Tierra La Rioja, ha interpuesto dos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones del Gobierno regional que autorizan la caza del lobo en la temporada cinegética 2025-2026. En respuesta, la organización agraria ARAG-ASAJA ha anunciado su personación en el proceso judicial para defender la legalidad de estas resoluciones y el denominado “control poblacional” del depredador.
Las órdenes impugnadas por ASCEL son la Orden AGM/36/2025 y la Orden AGM/37/2025, publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja el 19 de junio. Ambas permiten, entre otras medidas, la caza del lobo en la Reserva Regional de Cameros Demanda y en los cotos sociales de caza de la comunidad, algo que, según los ecologistas, vulnera la normativa nacional e internacional de protección de especies.
La asociación conservacionista ha solicitado además la suspensión cautelar de estas resoluciones por entender que «matar grandes carnívoros como los lobos en España no tiene justificación legal, científica ni ética». Según ASCEL, se trata de una maniobra política para sortear la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), donde fue incluido en 2021 a raíz de una petición impulsada por la propia asociación.
Pero el contexto ha cambiado: en marzo de este año, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma legislativa que excluye al lobo del LESPRE, permitiendo su caza al norte del Duero. El Parlamento de La Rioja fue más allá en mayo, modificando su Ley de Biodiversidad para eliminar la protección autonómica del lobo. A ojos de ASCEL, estas decisiones no solo representan un retroceso ambiental, sino que además podrían ser inconstitucionales.
Por este motivo, la entidad ha solicitado al Defensor del Pueblo y a Presidencia del Gobierno que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de prevención del desperdicio alimentario, que incluye tres enmiendas con un efecto colateral: reducir el nivel de protección del lobo en todo el país. En total, 278 personas y organizaciones han apoyado esta solicitud.
El lobby ganadero se persona para sostener la legalización de la caza del lobo
Frente a la ofensiva ecologista, ARAG-ASAJA –la organización agraria más influyente de La Rioja– se ha posicionado del lado del Ejecutivo regional. No solo ha solicitado personarse en el procedimiento abierto por ASCEL, sino que también ha anunciado su intención de intervenir si se admite a trámite el recurso de Ecologistas en Acción.
En palabras de ARAG-ASAJA, el objetivo es «garantizar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva», aunque desde el sector ecologista se advierte de que «coexistencia» se ha convertido en un eufemismo para justificar la eliminación sistemática del depredador.
Según la organización agraria, los ataques del lobo han provocado graves daños al sector ganadero de montaña, hasta el punto de forzar el abandono de explotaciones. En los últimos meses, ARAG-ASAJA ha recopilado y difundido informes de daños remitidos por ganaderos de Cameros y otras sierras riojanas, y los ha hecho llegar a instancias europeas, nacionales y autonómicas para legitimar la necesidad del control poblacional.
Sin embargo, expertos en ecología y conservación, como los que integran ASCEL, sostienen que la justificación de estos ataques es desproporcionada, y que en muchos casos los datos no están suficientemente verificados. “La discusión sobre el censo del lobo es ridícula y absurda”, denuncian, al tiempo que critican que el Gobierno “está haciendo dejación de funciones” al no aplicar de forma efectiva las medidas no letales de prevención de ataques.
En palabras de ASCEL: “La caza del lobo no solo es ineficaz, es además ilegal, anticientífica y profundamente inmoral”. La respuesta de los tribunales marcará el rumbo de esta especie emblemática en uno de los territorios más conflictivos del país para su conservación.
