El Ministerio de Agricultura crea el Comité Estatal de Caza para coordinar la gestión cinegética

La nueva orden publicada en el BOE crea un Comité de Caza permanente, fija su encaje constitucional y consolida la coordinación estatal sobre una actividad que ocupa el 84 % del territorio español.

Sin grandes titulares ni debate público, el Gobierno ha dado un paso estructural en la consolidación institucional de la actividad cinegética en España. El BOE ha publicado la Orden APA/150/2026, por la que se regula el Comité de Caza, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que asumirá la coordinación técnica de la gestión cinegética en todo el territorio.

No cambia vedas ni especies. No altera competencias autonómicas. Pero sí construye una arquitectura estable desde la que el Estado ordenará, armonizará y proyectará la política cinegética española, también en el ámbito europeo.

La caza es competencia de las comunidades autónomas, tal como recoge la Constitución. Sin embargo, la orden invoca competencias estatales en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente y, de manera especialmente significativa, en bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Ese encaje no es menor: sitúa formalmente la actividad cinegética dentro de la estrategia económica nacional.

El propio texto subraya que en España existen 42,7 millones de hectáreas declaradas terreno cinegético, lo que equivale al 84 % del territorio. La actividad es descrita como actor principal del mundo rural, generador de riqueza y empleo. Bajo esa narrativa, la gestión de la fauna silvestre se presenta como una pieza estructural de dinamización territorial.

El nuevo Comité estará compuesto por representantes técnicos de todas las comunidades autónomas y por miembros del Ministerio. Lo presidirá la subdirección general competente en coordinación cinegética y podrá contar con asesores científicos o representantes sectoriales con voz pero sin voto. Se reunirá al menos una vez al año, aprobará su propio reglamento interno y podrá crear grupos de trabajo específicos para abordar cuestiones concretas.

En su seno se constituye además una comisión técnica asesora de carácter permanente. Este órgano será el encargado de emitir informes preceptivos antes de la aprobación de estrategias y directrices en materia cinegética. Funcionará como puente entre el ámbito científico y el sector, y como espacio de elaboración técnica de futuras decisiones administrativas.

La norma detalla incluso el régimen de suplencias para garantizar continuidad operativa y deja claro que su funcionamiento no supondrá incremento de gasto público. No habrá dietas ni indemnizaciones y se financiará con los recursos existentes de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Más allá de la literalidad jurídica, la orden consolida una idea: la fauna cinegética es objeto de gestión coordinada a escala nacional y forma parte del engranaje económico del país. La sostenibilidad y la conservación aparecen vinculadas al aprovechamiento, no como categorías autónomas, sino como elementos compatibles con la actividad productiva.

La disposición final establece que la norma entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Publicada el 2 de marzo de 2026, el nuevo Comité de Caza está operativo desde el 3 de marzo.

En un contexto de debates recurrentes sobre biodiversidad, cambio climático y modelo rural, el Gobierno opta por reforzar la gobernanza técnica de la actividad cinegética sin modificar su marco sustantivo. No es una reforma visible, pero sí una decisión estructural: institucionaliza la coordinación estatal de una actividad que ocupa la mayor parte del territorio y la integra explícitamente en la planificación económica general.

Pero más allá del encaje constitucional y de la arquitectura administrativa, la creación del Comité de Caza consolida algo más profundo: la institucionalización del uso de animales silvestres como parte estructural del modelo económico y territorial del Estado. La fauna cinegética aparece en el texto como recurso gestionable, como variable sanitaria o como motor rural, pero no como sujeto afectado por decisiones que determinan su vida y su muerte.

En un país donde el 84 % del territorio está declarado terreno cinegético, reforzar la coordinación técnica de la actividad no es una decisión neutra. Es una apuesta por un modelo concreto de relación con los animales y con el medio natural. Y aunque el debate público apenas lo haya acompañado, cada norma que consolida esa estructura también delimita el espacio en el que se moverán, o quedarán fuera, otras formas de entender la convivencia con la fauna silvestre.