Investigados cuatro ganaderos por verter purines de 13.500 cerdos en ramblas de Murcia

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha abierto diligencias contra cuatro responsables de explotaciones ganaderas porcinas en el municipio de Murcia por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al verter de forma sistemática purines sin control a ramblas y zonas protegidas. La operación ha contado con la colaboración de agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Las investigaciones revelan que los residuos líquidos procedentes de más de 13.500 cerdos eran almacenados en diez balsas construidas sin impermeabilización, que vertían directamente a las ramblas del Carmen y Cuesta Alta, generando un grave riesgo de filtración de contaminantes hacia los acuíferos. Estas instalaciones se ubicaban además en zonas de servidumbre hidráulica, incumpliendo las normas de protección del dominio público hidráulico.

Un impacto invisible, pero devastador

Los purines–mezcla de excrementos, orines y aguas de lavado de los animales– contienen altas concentraciones de nitrógeno, fósforo, metales pesados, bacterias y antibióticos. Su filtración al subsuelo puede contaminar acuíferos enteros, afectar a la flora y fauna local, y poner en riesgo la salud humana en zonas rurales. El riesgo se multiplica con fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales típicas de la región (DANA), que aceleran la escorrentía y aumentan la concentración de contaminantes en el entorno natural.

Según consta en el informe de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los daños afectan a una zona de especial sensibilidad ecológica, considerada Reserva Natural, y podrían haber comprometido gravemente el equilibrio de los sistemas naturales del entorno.

Un modelo de ganadería sin control

Este nuevo caso en Murcia vuelve a poner en el centro del debate el modelo intensivo de producción ganadera y su impacto en el territorio. Las macrogranjas no solo son fuente de maltrato animal sistemático, sino también de graves agresiones ambientales que comprometen el agua, el aire, el suelo y la salud de las comunidades rurales.

Mientras los animales son confinados en espacios cerrados y saturados, sometidos a condiciones que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar animal, los residuos que generan son tratados con la misma lógica: acumulados, ocultos y, cuando es posible, abandonados en el medio natural, como si la tierra pudiera absorberlo todo sin consecuencias.

Lo que dice la ley

El artículo 325 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a cinco años, además de multas e inhabilitación profesional, a quienes provoquen vertidos o emisiones ilegales que dañan el medio ambiente o los sistemas naturales. En este caso, las diligencias abiertas contra los cuatro responsables apuntan a que los vertidos de purines podrían haber causado un daño sustancial a la calidad de las aguas y al equilibrio del ecosistema local.

La investigación sigue abierta, a la espera de nuevas inspecciones e informes técnicos que podrían derivar en acciones penales y administrativas más amplias. Mientras tanto, la sombra de los residuos tóxicos de la ganadería industrial sigue expandiéndose por los campos y ramblas del sureste español.